ANÁLISIS GLOBAL DE LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

A partir de la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 se introdujo la pena de prisión permanente revisable en los artículos 36.1 y 92 del Código Penal de 2015, la cual consiste en que el reo ingrese en prisión por un tiempo indefinido. No obstante, dicha pena está sometida a un régimen de revisión, según sea por un delito general o por delitos de terrorismo.

La pena de prisión permanente revisable (en adelante, PPR) se aplica a los siguientes tipos penales: asesinato agravado (art. 140.1 y 140.2 CP), genocidio (art. 607.1 CP), lesa humanidad (art. 607 bis 1 CP), delitos contra la corona (art. 485 CP), delitos contra el derecho de gentes (art. 605 CP) y toda delitología referente a organizaciones y grupos de terrorismo y delitos de terrorismo (art. 573 bis 1.1º CP).

 

LA REGULACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

En cuanto a la regulación dentro del Código Penal de la PPR se observa que el condenado a dicha pena no podrá salir de la prisión hasta haber cumplido un mínimo de 8 años en caso de régimen general/ordinario, o 12 años en caso de terrorismo. Sin embargo, se le concederán permisos de salida y transcurrido un período de tiempo específico para cada régimen, el tercer grado penitenciario (situación de semi libertad en la que el sujeto puede pernoctar fuera de prisión).

Una vez cumplido el plazo mínimo para cada uno de los regímenes, corresponde la suspensión de la ejecución de la pena, es decir, el preso podrá salir del centro penitenciario, pero estará sujeto a la libertad condicional[1] con condiciones especiales durante cinco o diez años más. Finalmente, superado el tiempo de libertad condicional sin haber incumplido las normas se le remitirá al preso definitivamente la pena, pudiendo haber transcurrido para ello entre 30 y 45 años.

Todos estos pasos pueden ser solicitados a interés del interno o de oficio por el juez de vigilancia penitenciaria, empero el Código Penal establece que dicho órgano deberá revisar, una vez transcurridos los plazos, si el condenado cumple o no los requisitos para poder beneficiarse de la libertad condicional.

 

La libertad condicional en la PPR

 La libertad condicional dentro de la PPR se trataría de una fase de obligado cumplimiento de la pena al tratarse de su fase final. Asimismo, para poder acceder a la misma se deben reunir los siguientes requisitos: haber cumplido un mínimo de condena, estar en tercer grado penitenciario, contar con un pronóstico favorable de reinserción social (art. 92.1c CP), y en caso de delitos de terrorismo se deberá aplicar el requisito adicional de haber acreditado el abandono de la actividad terrorista y realizar una colaboración activa con las autoridades (art. 92.2 CP).

 

La revisión y revocación de la libertad condicional de la PPR

Como característica fundamental de la PPR nos encontramos con la revisión de la pena, siendo uno de los motivos por los cuales se admitió en el ordenamiento jurídico español y se aprobó por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al considerarla ajustada a la Convención Europea de Derechos Humanos. Tal y como establece el artículo 92 del Código Penal, la revisión se deberá realizar por un tribunal mediante procedimiento oral y contradictorio en el que tendrán palabra el Ministerio Fiscal, el penado y su abogado, además de poder participar la víctima. Dicho procedimiento puede iniciarse a instancia de parte o de oficio, valorándose tanto los informes de evolución del penado dentro del centro penitenciario como los informes elaborados por el trabajador social, el jurista-criminólogo y el psicólogo asignados al interno. Una vez superada la fase de valoración el tribunal deberá emitir su veredicto; en caso desfavorable estará obligado a motivar su decisión y el reo no podrá solicitar una nueva revisión hasta transcurrido un año, aunque el tribunal deberá revisar la situación de este como mínimo cada dos años.

Por otro lado, la revocación de la libertad condicional se da en el caso que el condenado a la misma hubiera obtenido la suspensión de la pena, a pesar de que no haya cumplido con las obligaciones y deberes impuestos por el tribunal o hubiera vuelto a delinquir.

En caso de darse la revocación el penado debería volver a ingresar en el centro penitenciario.

 

ANALOGÍAS CON LOS DEMÁS PAÍSES DE LA UE

Si se realiza una comparación de la figura de la PPR con otros países de la Unión Europea se establece que en Europa no se prevé la cadena perpetua[2], pero sí que se contemplan las penas de prisión de entre quince y veinticinco años de duración, siempre dependiendo de si el penado cumple con las condiciones para poder revisar o disminuir la pena principal.[3]

De este modo se procede a analizar tres países distintos de Europa atendiendo a sus particulares características:

  • FRANCIA: mediante el término de “réclusion criminelle à perpetuité”, aplicable en delitos muy graves, se regula en el artículo 131.1 del Code Pénal francés donde se prevé que el reo no pueda beneficiarse de ningún tipo de medida de individualización penitenciaria hasta que hayan transcurrido 22 años, o 18 años en caso de no ser reincidente.

Para poder acceder a la libertad condicional el reo deberá acreditar que está realizando formación o actividad profesional para poder pagar la indemnización a sus víctimas, asimismo deberá someterse a un estudio psicológico.

En caso de enfermedad grave, incurable o riesgo vital se prevé que el Presidente de la República otorgue el indulto para la concesión de la libertad anticipada, aunque se contempla la aplicación de la medida de libertad vigilada[4] con un máximo de 30 años.

  • ALEMANIA: se prevé la PPR, “Lebenslanger Freiheitsstrafe”, regulada en los artículos 38.1 y 57 del Strafgesetzbuch en los casos de traición, actos bélicos y delitos que conlleven la muerte de la víctima, pese a que es posible acceder a la libertad anticipada al cumplir 15 años de pena junto con una pena de 5 años de libertad vigilada, siempre valorando las circunstancias del delito que se llevó a cabo, el bien jurídico afectado y el historial delictivo del reo.

En caso de que el penado solicite la libertad anticipada y esta le sea denegada ya no podrá volver a solicitarla de nuevo hasta transcurridos como mínimo dos años.

  • INGLATERRA: tal y como pasó en España, Inglaterra regulaba la pena de muerte en su código penal, desde 1707 hasta 1998, hasta que lo sustituyó por la cadena perpetua denominada “life imprisonment”. Dicha pena podía alargarse hasta que el condenado muriese en la misma cárcel, aunque en ocasiones podía obtener la libertad en manos de un juez mediante lo que se conoce como “tariff” o “minimum term”. Asimismo, el término “tariff”, tal y como se conoce comúnmente, hace referencia al tiempo mínimo que debería cumplir el reo en el centro penitenciario para poder acreditar que ha superado los requisitos de retribución y disuasión, es decir, el reo deberá demostrar que ha satisfecho la cantidad acordada por el Juez para la víctima del delito, así como superar el proceso de rehabilitación.

En Francia en este aspecto, el Tribunal de lo Criminal de Charleville-Mezières en la región de las Ardenas (noroeste de Francia) condenó a “réclusion criminelle à perpetuité” al asesino en serie Michel Fourniret por el asesinato de Farida Hammiche en 1988 y también por la violación y asesinato de al menos siete chicas entre 12 y 22 años en Francia y Bélgica, mientras que su esposa, cómplice de cuatro de los asesinatos, fue condenada a un máximo de 28 años de prisión. Asimismo, en 2016, en Inglaterra se condenó a “life imprisonment” a Stephen Port, “The Grindr Killer” por la violación y asesinato de al menos cuatro hombres de entre 21 y 25 años después de conocerlos a través de la red social Grindr, pudiendo haber matado a otras 58 personas.

Por otro lado, en España ya hay siete sentencias con PPR, la primera de ellas se ejecutó el 6 de julio de 2017, David Oubel, el cual asesinó a sus dos hijas (cuatro y nueve años) con una sierra radial y un cuchillo de cocina en julio de 2015; la última sentencia de prisión permanente revisable fue el 15 de noviembre de 2018, aplicada a Patrick Nogueira, autor del crimen de Pioz (asesinato de sus tíos y primos menores de edad). No obstante, casos muy mediáticos como los de Mariluz Cortés, Marta del Castillo, los hijos de José Bretón, e incluso Diana Quer son algunos en los que se contempla la aplicación de la PPR.

 

DEMANDA SOCIAL PARA LA TIPIFICACIÓN DE LA PPR

Para comprender mejor la inclusión de dicha pena se debe especificar que fue una medida impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, ya contenida en el programa electoral de 2011 del Partido Popular (en adelante, PP).

En el momento en que el PP perdió su mayoría absoluta en las elecciones de junio de 2016, el Partido Socialista Obrero Español (en adelante, PSOE) vio la oportunidad para reformar, entre otras leyes, la PPR contando con el beneplácito de los nacionalistas que anteriormente votaron en contra en 2015. De manera similar en 2017, el Partido Nacionalista Vasco presentó una Proposición de Ley con la intención de derogar la Ley Orgánica 1/2015 considerando dicha pena como una cadena perpetua encubierta.

Tras el apoyo de distintos partidos políticos, se presentó por parte del PSOE un recurso ante el Tribunal Constitucional, el cual aún no ha resuelto. Pese a que se tiene constancia de que el 88% de los votantes del PSOE se declara a favor de mantener la PPR en caso de delitos graves, los políticos del mismo partido no están a favor de ella.

Como consecuencia del caso de Diana Quer y su impacto social se volvió al debate sobre la idoneidad de la pena, pudiendo decirse que a raíz de este y otros casos mediáticos hay una amplia demanda social para mantener la PPR únicamente en los delitos más graves.

Tras las elecciones generales celebradas el 28 de abril y conociendo que el PSOE obtuvo un total de 123 escaños y todavía sin conocer si se deberán formar alianzas entre partidos, tanto el PSOE como Podemos están totalmente en contra de la PPR, pidiendo su derogación. Por otro lado, si se obtiene una mayoría absoluta entre ambos partidos, junto a otros en contra de la PPR, en el Congreso de los Diputados se podría llegar a derogar la PPR.

 

¿QUÉ PASARÁ CON LA PPR EN UN FUTURO?

Tal y como se puede apreciar actualmente, la PPR continúa en el punto de mira desde que fue aprobada hace tres años mediante la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal. Aún así este tipo de condena marca unas condiciones que se deben cumplir para poder beneficiarse de una reducción de condena y no deja sin castigo a un reo que ha cometido un tipo de delito tipificado como de los más graves. Empero no resulta ni de lejos una solución eficaz atendiendo a los principios de rehabilitación y reinserción social del artículo 25.2 de la Constitución Española y en los que se basa una pena privativa de libertad como es la prisión.

 

Cristina Juez Ferrer
Jurista y Criminóloga

 

[1] Regulada en el artículo 90 y siguientes del Código Penal, consiste en un período en el que el penado puede acceder a su libertad (conocido vulgarmente como “cuarto grado”), si cumple una serie de requisitos establecidos por la ley. Dicha figura penal puede ser concedida con independencia la duración de la pena de prisión que se esté cumpliendo y sin tener en cuenta la reincidencia del reo.
[2] Pena privativa de libertad: de duración indefinida, es decir, no existe un límite máximo para cumplirla implicando una privación de por vida. Dicho tipo penal se contemplaba en España en el siglo XIX donde se empezó a aplicar como una alternativa a la pena de muerte, siendo abolida en el Código Penal de 1928.
[3] El Sistema Penal Español es uno de los más duros de Europa, atendiendo a que la pena de prisión permanente revisable tiene plazos superiores a sus países vecinos. Asimismo, la legislación penal española es mucho más punitiva estableciendo el obligado cumplimiento de ¾ de condena para acceder a la libertad condicional sujeta a requisitos.
[4] Regulada en el artículo 106 del Código Penal, consiste en una Medida de Seguridad que se impone al condenado, sujeto a control judicial, con una serie de limitaciones, obligaciones, prohibiciones o reglas de conducta aplicadas de forma conjunta o separada cuyos fines son la rehabilitación y reinserción social del delincuente, así como la protección a las víctimas.

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