¿MIEDO INSUPERABLE? ¿UNA AGENTE CON MIEDO? ¿PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD CORRECTAMENTE APLICADO?

El pasado día 20 de agosto por la madrugada, fue abatido un individuo que entró en la Comisaría de Cornellà de Llobregat, provincia de Barcelona.

El suceso se dio cuando el fallecido intentó agredir a una agente de los Mossos d’Esquadra que se encontraba sola en ese momento en la ventanilla de la recepción de la comisaría.

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No obstante, parece ser que solo existían cameras de vigilancia en esa entrada, y no en pasillo donde la tragedia ocurrió. Según la agente, el individuo la habrá perseguido por el pasillo, alzando un arma blanca de gran tamaño, a la vez que proliferó palabras/expresiones referentes a ALA, llevándola a creer que podría ser un atentado terrorista.

A ésta se le habrá unido otro compañero y ambos a través de la palabra intentaron que el fallecido dejara el arma y no los amenazara. No obstante, el atacante siguió enseñándose y la agente decidió dispararle 4 veces, una de ellas acertando en pleno en la cabeza del atacante.

Para la comprensión jurisdiccional de este caso acudiríamos al artículo 20.7 del Código Penal español para un supuesto de uso de la fuerza por miembros de Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, puesto que la tipificación de miedo insuperable y estado de necesidad no hace alusión a la situación de funcionario policial.

En el estado de necesidad se considera que el sujeto no tiene otra forma de reaccionar para evitar un mal mayor que el que acaba causando con su conducta, o sea, la agente para salvar su vida y la de sus compañeros, consideró que tenía que disparar al atacante para defenderse. No obstante, parece que el miedo insuperable también podría haberse apoderado de la mosso, puesto que al escuchar la palabra ALA, podrá haberse puesto demasiado nerviosa para poder reaccionar de forma consciente, característica imprescindible en un estado de necesidad lo que le distingue de la definición de miedo insuperable; hay que mencionar que ambas tipificaciones aunque sean eximentes de culpabilidad, sigue siendo una acción delictiva y a consecuencia una conducta antijurídica.

Por otro lado, si se considera que la agente actuó en legítima defensa, sí que sería una conducta jurídica aceptada en la jurisdicción española, pues estaría justificado el modus operandi de la agente para protegerse a sí y a los demás sujetos presentes en la comisaría.

El código penal considera que en cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho oficial o cargo es necesario que los agentes actúen en el desempeño de las funciones propias del cargo, que el recurso a la fuerza haya sido racionalmente necesario para la tutela de los intereses públicos o privados cuya protección les viene legalmente encomendado, que la fuerza utilizada sea proporcionada, actuando sin extralimitación y que concurra cierto grado de resistencia o de actitud peligrosa por parte del sujeto pasivo que justifique que recaiga sobre él el acto de fuerza.

Será compleja la deliberación del poder judicial en como actuó la agente, ya que por un lado tenemos la tipificación de legítima defensa, pero en su contra tenemos la posible ambigüedad de un estado de necesidad vs miedo insuperable que juega totalmente en contra al principio de proporcionalidad que podría no haberse aplicado. A pesar de que todas estas tipificaciones penales son de interpretación algo subjetiva, valorándose esencialmente en el testimonio del atacado, por ausencia de otros elementos objetivos.

Un agente de un Cuerpo de Seguridad debe de estar preparado para reaccionar ante situaciones críticas y de inesperada violencia, aunque también es cierto que antes de ser policía es persona y el miedo insuperable puede llevar a que su conducta volitiva se vea afectada inconscientemente. Sin embargo, la proporcionalidad de la fuerza, se aplicaría a los disparos que condujeron a la muerte del atacante, es lo que es importante que se valore, pues la preparación policial debería estar orientada al bloqueo del individuo sin tener que abatirlo, usando medidas inhibitorias y disuasorias menos extremistas e innecesarias para evitar la desprotección del bien jurídico protegido, es decir, la vida.

 

By Virgília Pires

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