LA DOBLE CARA DE CHILE: EL SISTEMA PENITENCIARIO CHILENO

Chile cárcelDe prácticas en el Programa Ambulatorio Intensivo por consumo problemático de alcohol y drogas para infractores de ley en la cárcel de Concepción, Chile, pude comprender el programa que llevaban a cabo. Durante este tiempo colaboré con el equipo de tratamiento como psicólogo clínico y tuve la oportunidad de apreciar puntos débiles en el sistema penitenciario y de reinserción chileno.

El programa está organizado por la Corporación de Desarrollo Social y bajo la supervisión de SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol a cargo del Ministerio del interior y Seguridad Pública) y su objetivo último es ofrecer tratamiento de desintoxicación de drogas a personas en cumplimiento de condena.

El mismo, a pesar de la labor excepcional del equipo de tratamiento, excedía sus capacidades en detrimento del tratamiento y la reinserción, ya que se atiende a demasiados usuarios contando con muy pocos recursos. Esta circunstancia suponía que los profesionales tuviesen que hacer un sobreesfuerzo para ofrecer la atención necesaria, y aún así esta no era suficiente para lograr los objetivos marcados en todos los usuarios. Esta situación se repetía en programas de tratamiento similares lo cual indica que la problemática que pude experimentar era tan sólo uno de los  síntomas de una enfermedad mayor que afecta al sistema penitenciario chileno y que sólo se puede comprender desde un análisis más detallado.

Según la Economist Intelligence Unit (EIU), Chile ostenta el primer puesto de América latina en Calidad de vida, Competitividad y Emprendimiento. También tiene uno de los índices de victimización más bajos del continente, sin embargo la tasa de encarcelamiento es de 245 presos por cada 100.000 (en 2016), muy superior a la media de países sudamericanos. Esto ha supuesto que en algunas regiones se puedan encontrar prisiones cuyos índices de ocupación son del 192%, que tan sólo cinco de las regiones del país cuenten con índices inferiores al 100% y que en la cárcel Colina 2 puedan encontrarse 30 gendarmes para supervisar 2500 internos. Según algunos expertos (Cerda, Del Villar, Ramm y Navarro, 2016; Consejo para la Reforma del Sistema Penitenciario, 2010)  existen varios factores que explican como un país con la potencia económica de Chile tenga un sistema penitenciario tan masificado:

  1. Reforma procesal penal: Se trata de un cambio de gran impacto de la justicia penal chilena que terminó de implementarse en 2005. Su objetivo era modernizar el sistema procesal penal y uno de los medios era aumentar la eficacia de los tribunales instaurando el sistema acusatorio oral, sin embargo esto ha supuesto un incremento significativo de las sentencias condenatorias y por lo tanto de las personas que ingresan en prisión.
  2. Políticas punitivas: Distintas administraciones del gobierno han adoptado políticas de baja tolerancia al crimen. En 2011 el presidente Sebastián Piñera anunció una ley que endurece las penas de los delitos contra el orden público. De manera similar, la presidenta Bachelet aumento las penas de los delitos de violación, lesiones, homicidios, robo, hurto y asalto en 2015, especialmente contra reincidentes. En 2016 volvió a endurecer las penas pero esta vez contra todos los delitos relacionados con violencia hacia la mujer.
  3. Creación de nuevos delitos: Al tiempo que el Presidente Piñera aumentaba las penas de los delitos contra el orden público creaba un nuevo delito, el de saqueo, basándose en los sucesos vividos por la población chilena tras el terremoto de 2010. Otro ejemplo de creación de nuevos delitos es la “Ley Emilia” una modificación de la ley de tránsito que castiga con elevadas penas de cárcel conducir bajo los efectos del alcohol (donde antes sólo había sanciones) y además impide que se acceda al cumplimiento de la pena en libertad hasta cumplirse dos terceras partes de la misma (y no la mitad como en otros delitos).

Además, según un estudio del instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile titulado “Condiciones de vida en los centros de privación de libertad” el porcentaje de presos que declaran haber consumido drogas en el último mes es del 20,5%, superior a todos los demás países del estudio incluyendo México (17,8%), Brasil (13%) y Perú (16,5%). El mismo estudio revela que este consumo es facilitado por personal penitenciario en un 46,7% de los casos, de nuevo una cifra superior a la de otros países cercanos como Argentina (24,8%), Brasil (16,6%) y El Salvador (13%). Estos datos indican claramente que existe una situación de corrupción entre el personal penitenciario chileno que favorece el consumo de drogas.

En vista de los datos presentados podemos concluir que existe un problema en la administración de justicia chilena que parte de un sistema procesal  y de un código penal con una postura marcadamente punitiva que, sumada a un sistema penitenciario infra-subvencionado, dan lugar a una masificación de las cárceles. Esta situación dificulta que los equipos de tratamiento ofrezcan una oportunidad de reinserción de calidad a los presos, que además se ve perjudicada por el personal penitenciario corrupto que facilita el consumo de drogas.

Esta situación no pasa del todo desapercibida y desde el 2010, varias instituciones públicas y privadas han realizado publicaciones en las que visibilizan esta situación mientras que otras recomiendan abiertamente medidas para combatirla. Una de las más recientes es la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) de 2016 que pone en evidencia la falta de efecto disuasivo de las políticas punitivas en la actividad delictual en base a los estudios de Levitt,1996; Durlauf y Nagin, 2011 y Paz Ciudadana, 2016. Otras como el informe del Sistema Carcelario del Centro de Políticas Públicas de la Universidad de Chile y el documento del Consejo para la reforma penitenciaria realizan propuestas como una modificación de la estructura institucional que permita un mayor control externo de la ejecución penal, racionalizar el uso de la privación de libertad o modernización de la gendarmería.

Los acercamientos de distintas instituciones a una postura reformista del sistema penitenciario que presione para tomar medidas que imiten a países como Holanda o Noruega junto con el aumento del precio del cobre (principal motor económico de Chile) indican que la situación actual podría tener un buen pronóstico, sin embargo la reciente victoria del ahora presidente Sebastián Piñera podría indicar un enlentecimiento de este progreso ya que el 30 de noviembre de 2017 prometió que endurecería las penas, especialmente contra el tráfico de drogas. Teniendo en cuenta que el 19,2% de los presos chilenos están detenidos por este delito se prevé que el descenso de las tasas de encarcelamiento que se han producido en los últimos 4 años se reduzca o incluso desaparezca en la medida en la que el presidente cumpla su promesa.

By José Manuel Pérez, 
WINTERMAN - Departamento de Inteligencia

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s