Este concepto surge al inicio del Renacimiento, por una sospechosa idoneidad en la elección de los altos puestos eclesiásticos por las familias de las clases sociales más altas.
Cuando determinada persona se aprovecha de su cargo público o poder para favorecer la concesión de determinado puesto a algún familiar o allegado, ignorando los procesos de selección necesarios para desarrollar las funciones propias de este, además de que “desaparece” la obligatoriedad de tener determinados requisitos indispensables a nivel formativo y de experiencia, está cometiendo un delito.
Aunque este delito pasa desapercebido en la sociedad, sí que está penado por ley en varios países; en España lo podemos ubicar en la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal en los Delitos contra la Administración pública en su Capítulo Primero, concretamente en el artículo 404 del Código Penal.
En los países cada vez más corruptos, estas prácticas se han ido normalizando y es habitual si nos ponemos a seguir el hilo, encontrar una misma familia ejerciendo funciones relevantes en distintos órganos institucionales y administrativos. Sin embargo, esto no ocurre solo en el sector público, pero parece que los ciudadanos lo aceptan sin más.
No obstante, ¿Por qué pasa tanto esta conducta ilícita?
Los trueques son comunes entre partidos políticos, organizaciones de servicios esenciales, grandes empresas y multinacionales que emplean a una inmensa parte de la población.
El paro es un factor que influye cada vez más en los cambios de favores para beneficiar a los hijos/familiares de personas importantes y con elevada potestad en las funciones que ocupan. De esta forma, queda renegado el candidato que cumple con los principios de meritocracia que tantas organizaciones presumen de tener en los valores corporativos.
Según datos del Índice de Corrupción mundial del movimiento Transparency International, España ocupaba la 30 posición en 2019, precediéndolo países como Bahamas, Seychelles o Bhutan, conocidos por su condición de paraísos fiscales.
La fuga de cerebros españoles es cada vez más evidente. Parece que no es una prioridad para el país contar con los expertos mejor preparados en diferentes ámbitos de la Administración Pública, pasando a un dato secundario la formación académica principal y/o la experiencia de cada uno.
La factura de los que practican este delito y de los que lo dejan en la sombra, la pagan todos los ciudadanos.
Derechos fundamentales, garantías de las libertades y el Estado de Derecho se ven dañados por una mala praxis de los que tienen los medios disponibles para realizar esta conducta delictiva y optan por llevarla a cabo, tambaleando su jerarquía de valores.
El desinterés y la desconfianza del votante hacia la gestión de las políticas públicas y formas de gobernar se intensifica en los países con mayores índices de corrupción.
El nepotismo es muy evidente en países como Venezuela o Nicaragua donde el gobierno es totalitario y es usual ver toda la misma familia gobernando, sin que la ciudadanía pueda oponerse.
La no equidad profesional, junto a otros indicadores como deficiencias en el derecho a la salud, a una vivienda digna y a la igualdad de oportunidades, comprometen gravemente la economía y el bien estar social. Asimismo, otros indicadores como la natalidad y mortalidad también contribuyen desfavorablemente al progreso de países envejecidos, donde los jóvenes siguen viviendo con sus padres y no pueden construir su propio núcleo familiar.
Deberíamos preguntarnos como es posible que en un país con tantos cargos de mando, existan tamañas desigualdades sociales y problemáticas económicas que se van agudizando, llevando a que las organizaciones europeas e internacionales tengan a España en el punto de mira.
Virgília Pires
Criminóloga & Analista de Inteligencia
OPERATIVE INTELLIGENCE GROUP 