Las múltiples noticias a lo largo del año sobre las irregularidades en los Másteres, realizados por distintos políticos, han desatado una gran polémica tanto sobre universidades, titulaciones, suscitando anomalías estrechamente unidas a los denominados “White-collar Crimes” y su tipificación penal.
¿Qué son los delitos de cuello blanco?
Según el criminólogo Edwin H. Sutherland el delito de cuello blanco se puede definir como el hecho delictivo llevado a cabo por un individuo profesional, usualmente relacionado por sus funciones laborales en un ámbito económico tanto en sector público como privado, con un estatus socioeconómico alto. Este individuo se caracteriza por cometer los delitos a través de su oficio o cargo, aprovechándose de su situación de poder jerárquico en el desempeño de sus tareas.
El Código Penal español, contempla la conducta delictiva en la que se pueden enmarcar los delitos de cuello blanco, siendo estos: apropiación indebida, estafa, falsificación, fraude, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, evasión de impuestos, etc.
Dentro de los Títulos XIII (art. 234 a 304), XIV (art. 305 a 310bis) y XVIII (art. 386 a 403) del Código Penal se encuentran recogidas las conductas delictivas que se consideran como delitos de cuello blanco, siempre que hayan sido cometidas por individuos con un estatus socio-económico alto.
Un delito de falsificación de documento público, como podría ser el caso de la emisión de un título universitario sin cumplir los requisitos esenciales, conlleva a una pena de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años si se ha cometido: a) alteración de un documento en alguno de sus elementos o requisitos esenciales; b) simulación en todo o en parte de manera que induzca a error sobre su autenticidad; c) suposición de intervención de personas que no la han tenido o atribución a las que han asistido declaraciones distintas a las que han hecho; d) falta a la verdad en la narración de los hechos.
Por otro lado, el delito de estafa se castiga con pena de prisión de seis meses a tres años, mientras que un delito de malversación de caudales públicos implicaría una pena de prisión de dos a seis años, además de inhabilitación especial para el cargo público y ejercicio de derecho de sufragio pasivo de seis a diez años; todo ello, sin valorar las distintas agravantes, según la gravedad del hecho o el valor de los bienes objeto de la causa.
Los distintos “casos máster” a lo largo del tiempo
En marzo de 2018, lo que parecía ser una guerra interna en el Partido Popular, resultó en el filtro de información en distintos medios de comunicación, afirmándose que Cristina Cifuentes (PP), por aquel entonces presidente de la Comunidad de Madrid, habría (posibilidad no afirmación) obtenido su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) con notas falsas. A medida que pasaban los días, eran frecuentes las comparecencias en las que se desmentía dicha información, aunque fue el propio rector de la universidad quien confirmó que las firmas de dos de las profesoras en los resultados de las asignaturas, no eran auténticas. Además de que no constaba ningún acta de defensa del Trabajo Fin de Máster (TFM) en los registros de la Universidad Rey Juan Carlos, y tampoco era posible acreditar mediante una memoria que dicho TFM había sido realizado y entregado.
En abril salió a la luz el segundo caso cuando Pablo Casado (PP), actual presidente del PP y ex vicesecretario de comunicación del partido que confirmó haber realizado el mismo máster que Cifuentes sobre Derecho Autonómico y Local en la URJC, pero sin recordar si asistió o no a clase, y si hizo los exámenes pertinentes debido a la reestructuración académica con el Plan Bolonia.
Casado, hasta aplicación de la nueva reforma anunciada hace pocos días por el gobierno de Pedro Sánchez, puede beneficiarse del aforamiento (situación jurídica contemplada en el artículo 102 de la Constitución Española) por su condición de diputado en el Congreso. Debido a esto, no podría ser juzgado por un tribunal ordinario como en el caso de otras tres alumnas de dicho máster, dos de ellas ex altos cargos del PP en el Gobierno central y otra en la Generalitat Valenciana, que fueron imputadas a decisión de la juez del Juzgado de Instrucción por haber obtenido el diploma sin ir a la universidad o mediante convalidación de asignaturas.
Otro caso fue el que llevó a la dimisión de Carmen Montón (PSOE) como Ministra de Sanidad del actual Gobierno en éste mismo mes de septiembre, al ser acusada de conseguir de forma irregular su titulación de máster en la URJC, no habiendo constancia de que hubiera asistido a clases o del pago de la matrícula tres meses fuera de plazo, entre otros aspectos como el de empezar el curso cuatro meses tarde y no coincidir la fecha de su título oficial con la del resto de su expediente.
Por otra parte, el Curriculum Vitae (CV) público de Albert Rivera (C’s) también fue investigado donde aparecía que era “Doctorando en Derecho Constitucional” por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), a lo que rápidamente refutó la rectora de la universidad para asegurar que Rivera no constaba como matriculado y, por lo tanto no podía considerarse como doctorando. Acto seguido, Ciudadanos modificó el CV de Rivera en la web del Congreso de los Diputados para eliminar el doctorando y añadir un máster en Derecho que anteriormente no figuraba, perteneciente a la misma licenciatura de Derecho realizada en ESADE y que no tenía carácter de máster oficial sino de título propio.
Es de destacar que a pesar de la condición también irregular de Albert Rivera, ha sido el que más hincapié hizo a la intolerancia con situaciones análogas a la suya.
Otro de los puntos de mira es del actual presidente de España, Pedro Sánchez (PSOE), acusado de plagio en su tesis doctoral. Pese a que la Moncloa publicó que se había obtenido un resultado de 0’96% con la aplicación de un software de detección de plagio, el CEO de Plagscan (software antiplagio) asegura que el resultado fue del 21%.
Cabe añadir que el pasado 14 de septiembre la URJC denunció el borrado de cerca de 5.400 emails enviados y recibidos entre 2008 y 2014, fechas en las que eran alumnos de esta universidad Cifuentes, Casado y Montón, creyendo que alguien se llevó la documentación relacionada con los “Casos Máster” del Instituto de Derecho Público (IDP) denunciado en mayo por la propia URJC ante los Juzgados de Instrucción de Madrid por un presunto delito de malversación de caudales públicos y en proceso de extinción, por acuerdo con la universidad, tras el caso del máster de Cifuentes.
¿Queda afectada la imagen de la universidad española ante tantas irregularidades?
En este punto nos tenemos que preguntar cómo se verá afectada la imagen de la universidad española después de haberse hecho pública toda esta información, dado que estos hechos no afectan únicamente a los ex y actuales estudiantes de la URJC, sino a todo el sistema universitario español.
Para conocer la opinión, periódicos como La Vanguardia han realizado una encuesta en la que el 96’66% considera que los últimos casos de Másteres políticos han llegado a alterar la reputación del sistema educativo superior español. Así, por ejemplo, se pueden encontrar páginas web en las que uno mismo puede falsificar su titulación de la URJC, conllevando todo esto a un gran desprestigio de dicha institución.
A día de hoy se están investigando posibles estafas en la obtención de títulos como cabe la posibilidad de ex alumnos italianos de dicha universidad.
En un mundo en el que cada vez es más difícil conseguir un trabajo, se exigen más titulaciones y especialización, parece ser que nos hallamos frente a una España en la que es posible obtener titulaciones a cambio de dinero o favores. Un país en el que muchos son los estudiantes cuyas familias deben realizar un gran esfuerzo para pagar las matrículas, e incluso los mismos estudiantes se ven obligados a compaginar sus estudios con un trabajo para poder soportar los gastos universitarios y las pocas o ningunas ayudas estatales para conseguir un título que te lleva a un mundo de trabajo escaso y precario.
Sin embargo, ahora todos ellos han visto que su esfuerzo y dedicación se han visto rebajados e igualados a los casos de delitos de cuello blanco, llevados a cabo por unos pocos con alto poder adquisitivo.
A pesar de que no es posible saber si aparecerán más casos similares, es necesario apoyar tanto a nuestros estudiantes cómo exigir responsabilidades a todos aquellos que cometan un delito de ésta índole o de cualquier otra similar.
By Cristina Juez Ferrer Jurista Criminóloga
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